Miembros del Consejo de Administración de EiTB y del Consejo asesor de RTVE en el País Vasco, nombrados por el Parlamento vasco a propuesta del PSE, han hecho público un documento en el que defienden la radiotelevisión pública "como herramienta cívica, al servicio de la ciudadanía y de su derecho fundamental a la información veraz, que recoge expresamente la Constitución Española".
En un texto, titulado "No renunciamos", sus autores aluden a "las indudables dificultades" por las que atraviesas "todas las radiotelevisiones", como consecuencia de "la crisis y de los cambios tecnológicos".
No obstante, la rechazan como "nueva excusa" para "desmontar un servicio público del que dependen en este momento aspectos tan importantes para la ciudadanía y para la misma democracia como son la información de calidad, la cohesión social, la atención a las minorías, la promoción cultural y lingüística o la libre competencia en el mercado publicitario, entre otros".
Los firmantes afirman que "la gestión responsable y eficiente de los recursos públicos es una exigencia permanente" y dicen ser "conscientes" de los problemas "provocados por la crisis". "Sin embargo, defendemos que los derechos ciudadanos, más aún los que se definen como fundamentales en nuestra Ley constituyente, no pueden ser suprimidos alegando una menor disponibilidad económica", aseguran.
Por esta causa, manifiestan su "profunda preocupación" por las propuestas de "desmontar este servicio público" y se manifiestan "partidarios de que todos los derechos fundamentales sean garantizados por el sistema público, incluido el derecho a la información".
Por último, los firmantes del manifiesto --Javier Arteta, Patxi Doblas, Alma Fernández, Mari Carmen Gómez, Concha Aretxaga, Carlos Gorostiza, Arantza Marín Ballesteros y Oscar Rodríguez-- expresan su compromiso con "la defensa del actual sistema de radiotelevisión de propiedad y gestión públicas", y aseguran que sus "evidentes dificultades y necesidades de adaptación a nuevos escenarios tecnológicos, económicos y sociales" deben ser afrontados "desde las instituciones democráticas y no desde consejos de administración privados".
EUROPA PRESS 2011.11.15
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